La agresión viene forrada de papel

De las campañas electorales se aspira que sean respetuosas, creativas, propositivas, pero sobre todo cortas. Como diría aquella canción “si las paredes hablarán” pedirían que los comandos de campaña propagandística tuvieran respeto por los bienes públicos y privados, tomando en cuenta la tradición destructiva que la agenda electorera trae consigo.

Partimos de la premisa de que ante las elecciones presidenciales del 7 de octubre, nada mejor que la población conozca las distintas opciones de los que tienen  aspiraciones de llegar a Miraflores pero, sobre todo, la gente – al menos en teoría -  busca oír, ver y analizar las propuestas, planes, proyectos y estrategias para alcanzar las metas propuestas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) posee reglamentos que ponen  el acento en el tipo de campaña que debe desplegarse. Se trata de un documento al que suele prestársele poca importancia práctica cuando se trata de respetar el espacio público en el que los comandos concretan el acto propagandístico, espacio que no es otro en el que usted y yo nos movemos cada día, todos los días.

Si buscamos en la norma electoral algún punto de resguardo de los bienes urbanos, podríamos echar mano del artículo 76 que aparece en la vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales. El referido artículo dice lo siguiente:

Artículo 76. Queda prohibida la fijación de carteles, dibujos, anuncios u otros medios de propaganda electoral en:
1. Las edificaciones donde funcionen órganos y entes públicos.
2. Los templos, clínicas, hospitales y unidades geriátricas.
3. Los monumentos públicos y árboles.
4. Los sitios públicos cuando impidan o dificulten el libre tránsito de personas y vehículos.
5. Los lugares públicos destinados a actividades infantiles.
6. Los centros de educación preescolar, básica y media.
7. Los bienes públicos y los bienes objeto de servicios públicos.
8. Las casas o edificaciones de los particulares, sin el consentimiento expreso de sus propietarios o propietarias u ocupantes, quienes podrán retirar la publicidad o propaganda electoral que sea colocada sin su consentimiento.
Por lo anterior, queda claro que desde el punto de vista legal, la ciudad sí tiene un apoyo para exigir respeto a la integridad del espacio público. Lo malo es que las fuerzas políticas en disputada por estos días suelen entrar en una especie de etapa de frenesí electoral donde poco o nada importa el respeto a la ciudad. Eso explica el lastimoso estado en el que terminan las calles, avenidas, plazas y parques, paredes de edificios públicos, fachadas de edificios y casas, el equipamiento urbano, entre otras víctimas de la arremetida propagandística.
Pese a que recientemente Tibisay Lucena, presidenta del CNE, anunció que la campaña electoral para la Presidencia de la República comenzará el 1° de julio y finalizará el 4 de octubre y que las campañas para las  elecciones regionales se efectuarán entre el 20 de octubre al 13 de diciembre a medianoche, al menos en Mérida ya tenemos claros ejemplos de violación de la norma electoral no sólo por el muy adelantado ejercicio propagandístico, sino porque los espacios agredidos con estas campañas, son los que aparecen expresamente protegidos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Un ejemplo es que en la avenida 1, las paredes de la U.E. Colegio San José de La Sierra fueron usadas por los seguidores del Presidente Hugo Chávez, para colocar  unos coloridos carteles. Igualmente hemos visto graffitis de los seguidores de Henrique Capriles en los que se hace clara propaganda a destiempo y con la consabida agresión a los espacios.
La pregunta inquietante que debemos hacernos ante estos ejemplos de irrespeto es: si así operan pese a la norma y a la distancia de las elecciones ¿Qué le espera a la ciudad, a nuestro espacio público, cuando estemos en medio del hervidero electoral?